Desde hace un par de semanas, las manifestaciones ambientalistas en contra de la minería se han multiplicado. Es que la desinformación o los errores  comunicativos han provocado un boom en los medios y redes sociales en los que muchos adhieren sin saber de qué se trata.




El foco de las miradas está puesto hoy por hoy en Famatina, una ciudad cabecera del Departamento homónimo, en el extremo norte de la provincia de La Rioja, caracterizada por la actividad agrícola y el turismo. En el lugar, una compañía canadiense -Osisko Mining Corporation- firmó un contrato con el gobierno provincial de Beder Herrera para iniciar la exploración en busca de oro. Sobre el tema, es interesante reproducir lo que opina  Hugo Nielson, secretario general del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI), quien además es profesor en la Universidad Nacional de San Martín.
“La minería a cielo abierto es la más segura que hay” y “el impacto ambiental puede preverse y remediarse”,  dijo. “Que la minería se desarrolle a cielo abierto o subterránea no es una decisión arbitraria, sino técnica. La minería a cielo abierto tiene mucho menos riesgo de generar derrumbes, como el que se produjo en la mina subterránea chilena de Copiapó. Una explotación a cielo abierto ocupa el área de un estadio de fútbol, que en la extensión de la cordillera no es nada. El impacto paisajístico es menor y se puede remediar”, sentenció.  El especialista sostuvo en el diario Página 12 y lo reiteró por Radio Continental que “decir que sí a la minería indiscriminada es tan grave como prohibir la actividad”. Es que se pidió su opinión tras las innumerables manifestaciones que algunos ambientalistas han realizado en distintos puntos del país y que tomaron un fuerte ribete político con el caso de Famatina.  “Las empresas mineras pueden ser controladas, incluso con participación comunitaria, ya que la minería en la Argentina todavía tiene que obtener la ‘licencia social’ de las comunidades, para lo cual es esencial la acción reaseguradora del Estado”. Sostuvo que “la gente toma partido como si fuera un Boca - River, pero el debate sólo tendrá sustento cuando puedan analizar el informe de impacto ambiental”.
En el caso de Famatina, el proyecto está en la fase de exploración, es decir en la etapa en la que se busca un mineral; cuando se lo encuentra, se declara el yacimiento y, previo a empezar la explotación, la empresa debe elaborar y abrir la discusión sobre el informe de impacto ambiental.  “Las normativas en distintos países son bastante similares a la que existe en la Argentina, pero es claro que el Estado no debe aflojar los controles. Chile y Perú los efectúan con solvencia. También se puede desarrollar controles participativos, con representantes de la comunidad. Lo que todavía no está muy desarrollado en ningún país es lo que se llama la licencia social: por más que se cumplan todas las normativas, es necesario explicarle a la gente del lugar cuáles serán las perspectivas, y hacerlo sin exagerar. Una empresa minera no puede resolver los problemas de diez mil habitantes. Y en la obtención de la licencia social, el Estado debería ser el actor principal, debe estar presente para otorgarle a la gente confianza en que habrá control. Pero –insistió Nielson– no hay que prohibir”. Sobre la cuestión ambiental, el especialista comentó que “un gran proyecto de minería a cielo abierto no consume más agua que un cultivo de uva de 70 hectáreas. Se ha desarrollado una imaginería sin fundamento, ya que gran parte del agua utilizada se recicla. Los proyectos mineros que funcionan en San Juan, entre todos, no llegan al uno por ciento del total de agua utilizada para usos agrícolas e industriales, según estudios del Departamento de Hidráulica provincial. En Chile, la minería coexiste con la agricultura desde hace siglos y en ese país se producen vinos de altísima calidad, aguas abajo de emprendimientos mineros que son la principal fuente de ingresos de su economía”, añadió. Además, insistió con que “la minería no contamina con cianuro, ya que este insumo se recicla y los restos se degradan naturalmente. Hay un código muy estricto con respecto a la eliminación y deposición de esta sustancia. Se trata de un compuesto químico que se degrada con mucha facilidad, en varios días, con el sol y el aire. No es cierto que esos residuos queden en el suelo”, subrayó Nielson.
“Las empresas reutilizan el cianuro, porque es mejor negocio que volver a comprarlo; si algo se emite, se degrada naturalmente: no sobrevive por siglos, como las bolsas de plástico, se degrada en horas o días por la acción de la atmósfera”. Sobre el aporte que las mineras dejan en la Argentina, dijo que este es uno de los países donde la minería paga más impuestos, pero deben ser redistribuidos para que beneficien a las poblaciones directamente involucradas.  “La Argentina es uno de los países donde la minería paga más impuestos, según lo indicó un informe de la consultora Ernst & Young para el gobierno de Brasil. En la década de 1990, una ley otorgó a proyectos mineros estabilidad fiscal durante 30 años: esto no es exención impositiva sino la garantía de que no se añadirán nuevos impuestos a los ya existentes. De todos modos, en el marco del repunte de algunos metales en el mercado internacional, se podría aumentar la presión impositiva, y, sobre todo, redistribuirla. Los impuestos a la minería van mayormente a la Nación, y una mayor proporción debiera beneficiar a las zonas donde están radicados los proyectos”, sostuvo. Nielson es secretario general del Olami, conformado por Unidades Nacionales de Coordinación de 16 países, donde están representados todos los actores vinculados al sector minero: empresas, trabajadores, organismos gubernamentales, universidades, profesionales etc. Cabe señalar que OLAMI se identifica plenamente con los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, en especial los relacionados a la reducción de la pobreza y el hambre y a velar por la sustentabilidad ambiental.